jueves, 11 de junio de 2015

APARM denuncia a CBM-Secuoya por incumplimiento del acuerdo firmado


La empresa adjudicataria de la gestión indirecta de 7RM es acusada de opacidad y arbitrariedad en la contratación de programas, de incumplir la ley, el mandato-marco y el contrato-programa de RTRM, y de vulnerar los principios constitucionales de igualdad de trato y no discriminación

La Asociación de Productores Audiovisuales de la Región de Murcia (APARM) ha denunciado a la empresa del Grupo Secuoya adjudicataria de la gestión indirecta de la televisión autonómica pública 7RM, Central Broadcaster Media (CBM), por el premeditado incumplimiento del acuerdo firmado con la APARM. La denuncia, acompañada de la correspondiente documentación, se ha dirigido al Director General de la Empresa pública Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM) y al Responsable del Contrato de la Consejería de Industria, Turismo, Empresas e Innovación. Y se realiza «sin perjuicio de las acciones legales que la APARM decida emprender para exigir a CBM la correspondiente indemnización» por el incumplimiento del acuerdo-marco.


Según dice la denuncia, «tal incumplimiento supone la discriminación y falta de igualdad de trato hacia las empresas asociadas a la APARM, a las que se ha excluido de participar en la producción de obras destinadas a la parrilla de programación de la televisión pública 7RM». Esto supone que CBM, además de incumplir la Ley 9/2004 y el primer Mandato-marco de RTRM aprobados por la Asamblea Regional, también «ha incumplido los principios constitucionales (artículo 14) de igualdad y no discriminación».

CBM ha ignorado todos los proyectos de programas de servicio público presentados, incluso el titulado Con voz propia, «cuyo objetivo es contribuir a que los grupos sociales puedan ejercer el derecho de acceso constitucional» a los medios públicos de comunicación. CBM ha rechazado más de 80 programas documentales de servicio público ya producidos sobre la Región de Murcia de diversa temática (historia, naturaleza, agua,...), considerados de un gran valor como recursos educativos por miembros del propio sector educativo y de la Consejería de Educación. Todos estos proyectos y programas «forman parte del Capítulo III del Mandato Marco de RTRM, que tiene el carácter de obligación esencial de programación en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (2.5.2.1.a)» de la contratación. En su lugar, CBM emite en horario de servicio público programas documentales ajenos a la región de una de las empresas del grupo Secuoya: New Atlantis. Así, CBM incumple también el Contrato-programa de RTRM que dice que «se deberá primar la programación de contenidos de la Región, realizados en la Región y por empresas regionales».

En su denuncia la APARM indica que «la contratación de la producción de programas por parte de CBM, además de carecer de la necesaria transparencia, ha seguido un modelo clientelar, favoreciendo a un determinado número de empresas productoras de la región y excluyendo a otras».

Este modelo ya fue dado a conocer por un medio digital, durante la licitación al concurso para contratar la gestión indirecta de 7RM, al publicar la carta de compromiso redactada por Secuoya para la formación de un cártel con empresas de la región. A cambio de ostentar «la condición de proveedor y/o colaborador para la prestación de los servicios de producción de los programas que formen parte de la parrilla de la emisión de Canal 7RM», la empresa firma con Secuoya un acuerdo de exclusividad con «carácter confidencial» para comprometerse «a no mantener negociaciones ni cerrar acuerdos con terceros relacionados con el Concurso». La APARM y sus productoras asociadas se negaron a firmar dicha carta de dudosa legalidad. Y comunicaron por escrito sus implicaciones al entonces Director General de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones, Eduardo Linares.

El motivo de que CBM esté actuando con opacidad y arbitrariedad en la contratación de programas y compra de derechos es debido, entre otras cosas, a «la ausencia de un protocolo que de transparencia y garantice la igualdad de trato y no discriminación en el proceso de presentación de proyectos, plazos de respuesta motivada y contratación. Un protocolo que RTRM –si quiere cumplir con su función de control– debería imponer a CBM con urgencia, y al que no puede ser ajeno el Responsable del Contrato», ni tampoco «el Jefe del Departamento de Control del Servicio Público Audiovisual de RTRM».

En consecuencia, ambos responsables, «lejos de mostrarse tolerantes, deberían tomar las medidas necesarias para corregir de inmediato tal discriminación y falta de igualdad de trato hacia las productoras asociadas a la APARM e iniciar el procedimiento de imposición de penalidades a CBM», ya que, según se indica en Anexo-7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, tienen la consideración de «infracciones muy graves» el incumplimiento de los principios constitucionales y «las obligaciones de servicio público contenidas en el Mandato Marco de la Asamblea Regional».