sábado, 19 de septiembre de 2015

Contundente informe sobre Radiotelevisión de la Región de Murcia



El informe señala en sus conclusiones que la actual ley de RTRM no tiene el propósito de servir al interés público y de buscar la rentabilidad social. «Al permitir una instrumentalización por el Gobierno regional de la radio y la televisión, está muy lejos de considerar estos medios públicos como un servicio público esencial para la ciudadanía».


Una ley «que está lejos de querer asumir que la programación de un medio de comunicación público, de acuerdo con su compromiso social y como vehículo transmisor y propiciador de cultura, debe ser un sujeto activo en la difusión de las manifestaciones más destacadas de las artes, de las ciencias y de la cultura. Está lejos de entender que debe impulsar el desarrollo de programas regidos por parámetros y criterios objetivos de calidad técnica, artística y de redacción argumental. Definidos, a su vez, por criterios de profesionalidad en su ejecución, realización, producción y difusión. Que debe actuar estimulando la creatividad, la diversidad e interés de las producciones audiovisuales para atender a grupos mayoritarios y minoritarios».

Asimismo, explica como la ley de RTRM «impone la gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual autonómico de televisión por una empresa privada, deja en sus manos la información, le ofrece manga ancha legal para actuar con opacidad y discriminación en la contratación de las empresas productoras, permite una red clientelar financiada con fondos públicos e impide que 7RM pueda cumplir realmente con la obligación de impulsar el desarrollo industrial del sector audiovisual regional y crear empleo (directo e indirecto) estable y de calidad. Acabar con todo esto, ejercer realmente su misión económica y tener un auténtico control público de 7RM, exige cambiar el régimen de gestión indirecta actual del servicio televisivo por el de gestión directa».

El informe va acompañado de una proposición de ley que la PDAMP ha enviado a los distintos grupos parlamentarios. Esperemos que estos tengan la suficiente altura de miras, sean capaces de valorarla en su justa medida y aprueben la nueva ley que permita que la radiotelevisión cumpla con su función de servicio público, a la vez que se mejora el seguimiento y control de una gestión más transparente y eficaz.


En fin, recomendamos su lectura a quienes deseen conocer más profundamente este tema.