sábado, 5 de marzo de 2016

Segunda denuncia de APARM por posible fraude de CBM-Secuoya y de la Administración en la gestión de la TV pública autonómica murciana 7RM

·    Incumple 336 veces el horario de servicio público del Contrato programa, pero no aparece en ningún informe de Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM)
·    7 meses incumpliendo el Mandato Marco y el Contrato-programa con la complicidad del Órgano de contratación y la ausencia de control por parte de RTRM y de la Comisión de seguimiento
·    APARM pide la paralización de la liquidación anual y del pago de las facturas por los numerosos incumplimientos contractuales de CBM-Secuoya
·    Pide la destitución del Responsable del contrato por dejación de funciones continuada para favorecer los intereses privados de CBM-Secuoya y perjudicar el interés general


Tras señalar el posible fraude en la primera denuncia, la Asociación de Productores Audiovisuales de la Región de Murcia (APARM) ha presentado una segunda denuncia por nuevos incumplimientos de contrato de la empresa del Grupo Secuoya, Central Broadcaster Media S.L.U. (CBM), adjudicataria de la gestión indirecta de la televisión pública autonómica murciana 7RM.

7 meses incumpliendo el Mandato Marco y el Contrato-programa
La denuncia «indica de forma detallada (día, hora, mes, programa e incumplimiento)» que, «desde junio hasta diciembre de 2015, la empresa CBM-Secuoya ha incumplido 336 veces el horario mínimo de servicio público establecido por el Contrato-programa, al emitir en esas franjas horarias programas que no son de servicio público (57,5%), redifusiones de programas ya emitidos (40%) y contenidos que no son de producción regional (2,5%)».


INCUMPLIMIENTOS  AÑO 2015
Junio
Julio
Agosto
Septiem.
Octubre
Noviem.
Diciem.
Total
No servicio público / No regional
18 / 15
20 / 17
20 / 20
23 / 20
33 / 28
34 / 30
45 / 42
193 / 152
Redifusiones
13
22
44
20
14
8
14
135
Producción no regional
1
3
4
8
Total /mes
32
42
64
43
47
45
63
336

Los programas que no son de servicio público, emitidos 193 veces a lo largo de siete meses en horario de servicio público, no cumplen tampoco ninguno de los objetivos generales establecidos por el Mandato Marco de RTRM aprobado por la Asamblea Regional.  
Pero el número de incumplimientos de CBM-Secuoya sobre los contenidos emitidos en horario de servicio público es mayor, porque «el horario mínimo de servicio público, fijado por el Contrato-programa para 42 horas semanales de contenido de servicio público, debería haberse ampliado a las setenta y tres horas y media de programas de servicio público que ofertó la empresa CBM-Secuoya, con 10 horas y media diarias». Tanto RTRM como el Responsable del contrato, Jesús Castaño López, lo sabían desde mayo de 2015, pero no han exigido a la empresa que cumpla su compromiso contractual en la programación y amplíe el horario de servicio público. Tampoco han iniciado «ni un solo procedimiento de imposición de penalidades a dicha empresa», a pesar de que en los pliegos se considera infracción grave «el incumplimiento de los compromisos de programació.
Aunque el Contrato programa es de obligado cumplimiento, en su afán por favorecer  los intereses de CBM-Secuoya y posibilitar que los incumplimientos continúen, el Responsable del contrato «usurpa funciones que no son de su competencia (lo que está tipificado como delito en el código penal) y autoriza la emisión de dos programas que no son de servicio público en horario de servicio público». Por lo que la autorización no es válida. 


«Incumple el derecho a una comunicación audiovisual transparente establecido por la LGCA»
La denuncia de la APARM dice que 7RM «es la única televisión autonómica pública» que ha incumplido durante más de ocho meses el artículo 6.2 de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) que obliga a dar a conocer la programación televisiva con una antelación de al menos 3 días. La sanción por este incumplimiento, durante más de 3 días consecutivos en un periodo superior a 10 días, que establece la LGCA es una «multa de 500.001 hasta 1.000.000 de euros». Según dicha ley, la responsabilidad «corresponde a la empresa CBM-Secuoya», dice la denuncia. Ha sido consentido por RTRM y el Responsable del contrato.
Sin embargo, «al permitir dicha infracción legal durante más de ocho meses y no sancionarla, el Órgano de contratación –que es el Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández Albarracín–, ha incumplido el artículo 56 de la LGCA» y la función que le atribuye el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

APARM pide paralizar la liquidación anual, el pago de facturas y la destitución del Responsable del contrato
Con esta segunda denuncia la APARM ha pedido a la Administración que, «de acuerdo con los artículos 74 y 75 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común», actúe con celeridad en el procedimiento de imposición de penalidades, ya que «continúan los incumplimientos legales y contractuales por parte de la empresa CBM-Secuoya, denunciados en esta denuncia y en la anterior».
Esto se debe a «que no se están ejerciendo las facultades de inspección, seguimiento y control para asegurar el estricto cumplimiento de la normativa legal y del contrato firmado con CBM-Secuoya». Hay una permanente «dejación de funciones por parte del Responsable del contrato, por el Órgano de contratación, por RTRM y por la Comisión de seguimiento del Contrato-programa», formada por José Vicente Albaladejo (Secretario General de la Consejería de Cultura), Diego Pedro García (Director General de RTRM) y Francisco Abril (Director General de Simplificación de la Actividad Económica, de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo).
Debido al elevado número de incumplimientos, y de acuerdo con el artículo 72 de la Ley 30/1992, APARM también ha pedido, la aplicación de medidas provisionales: «paralizar la liquidación anual de las cantidades de abono y a cuenta»; y «congelar el pago de las facturas pendientes de abono a CBM-Secuoya en tanto no se resuelva el procedimiento iniciado con todas las denuncias» para la imposición de penalidades.

Asimismo, con la denuncia se ha pedido «la destitución del actual Responsable del contrato, Jesús Castaño López, y la designación de otra persona que asuma dicha responsabilidad. La destitución se funda en la inobservancia y dejación de funciones de forma continuada, favoreciendo los intereses privados de esta empresa y perjudicando el interés general».

Tras las dos denuncias, los incumplimientos por parte de CBM-Secuoya del contrato firmado, de la LGCA, del Mandato Marco, del Contrato-programa y de los pliegos continúan, por la dejación de funciones de todos los órganos de la Administración de la CARM vinculados a la gestión indirecta de la televisión pública 7RM.