miércoles, 5 de octubre de 2016

TV pública 7RM: Más engaños e incumplimientos del contrato de CBM-Secuoya

La denuncia explica que la empresa oculta los ingresos obtenidos en 2015 por financiación pública, publicidad y venta de programas para incumplir el contrato y la normativa en la convocatoria pública de financiación anticipada de obras audiovisuales. Intenta apropiarse de los derechos de propiedad intelectual que corresponden a Radiotelevisión de la Región de Murcia. La complicidad y dejación de funciones de todos los encargados del seguimiento y control (Gobierno y Radiotelevisión), e indica posibles delitos de fraude, prevaricación, encubrimiento y falsedad documental.

  

La Plataforma por el Derecho de Acceso a los Medio Públicos de Comunicación de la Región de Murcia (PDAMP) y la Asociación de Productores Audiovisuales Región de Murcia (APARM), presentan por registro una nueva denuncia dirigida al Órgano de contratación (el Consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, Juan Hernández Albarracín). Entre otras medidas, se le pide la inmediata anulación de la convocatoria pública para la financiación anticipada de obras audiovisuales prevista en la Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA); la destitución del Responsable del contrato; que se lleve a cabo la comprobación rigurosa para verificar los ingresos devengados en el ejercicio 2015 por CBM-Secuoya conforme a su cuenta de explotación, y que se inicie el procedimiento de imposición de penalidades a dicha empresa. Recientemente presentaron otra denuncia que obliga a la rescisión del contrato por incumplir una obligación esencial.


CBM-Secuoya incumple de nuevo del contrato

El artículo 5.3 de la LGCA señala la obligación de los prestadores públicos del servicio de comunicación audiovisual televisiva, de contribuir anualmente a la financiación anticipada de obras audiovisuales con el 6 por ciento de los ingresos devengados en el ejercicio anterior, conforme a su cuenta de explotación. «En su oferta –dice la denuncia– CBM-Secuoya se comprometió a destinar a dicha financiación anticipada un 10 por ciento». Pero el documento de la convocatoria recoge el 6 por ciento, por lo que la empresa «incumple el contrato». 

De hecho, «no recoge la cantidad que va destinada a dicha financiación anticipada. Así evita decir cuales son los ingresos devengados en 2015», procedentes de la financiación pública recibida de la CARM, de los ingresos derivados de la publicidad y de la comercialización de programas. A la suma total de estos ingresos hay que aplicarle el 10 por ciento e incluir la cantidad en el documento de la convocatoria pública. Al no hacerlo «puede existir un posible fraude».

El control y comprobación de todos los ingresos señalados corresponde al Órgano de contratación a través del Responsable del contrato y a Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM). «Y claro, surge la pregunta: ¿Por qué el Responsable del contrato y RTRM no han exigido a CBM-Secuoya que acredite los ingresos de 2015 y les aplique el 10 por ciento contractual en la convocatoria?». 

Intenta apropiarse de los derechos de propiedad intelectual de RTRM

Indica que el documento «pide a las productoras que se presenten a la convocatoria que indiquen, entre otras cosas, los ‘derechos de explotación que se cederían a CBM’». Esto infringe la ley y el contrato ya que, como indica el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) «todos los programas de servicio publico que se produzcan dentro del servicio previsto en el contrato tendrán consideración de producción propia ostentando RTRM los derechos de propiedad intelectual».

Y añade que «no es la primera vez que CBM-Secuoya intenta apropiarse de los derechos de propiedad intelectual de RTRM. En la tercera denuncia presentada por la APARM el 21/3/2016 ya se denunció la vulneración del régimen de propiedad intelectual de unos 1.120 programas de servicio público emitidos en 7RM entre junio y octubre de 2015. Tras la denuncia los programas han continuado en la web http://7tvregiondemurcia.es con el copyright de CBM, donde aún permanecen, más de un año después de su primera emisión, con la total y absoluta complicidad de todos los órganos: Contratación, Responsable del contrato, RTRM y Comisión de seguimiento».

«Opacidad y falta de garantías de equidad para los productores independientes»

La denuncia menciona otros aspectos de la «falta de garantías de equidad y transparencia para los productores independientes. Lo que indica un intento claro de manipulación de la convocatoria». Así, cabe destacar que «la documentación a presentar, no incluye la financiación a solicitar por el productor». En los requisitos de la documentación no diferencia «sobre si las obras están sólo en proyecto o comenzadas pero no finalizadas, o si la producción de las obras ya está finalizada». El documento «no indica nada sobre la naturaleza jurídica» de la financiación, ya sea «como coproductora» o «mediante la adquisición de derechos de emisión». 

Además, el documento «incluye el apartado Otras obras audiovisuales que está expresamente excluido» de la normativa, lo que «le sirve de justificación para seleccionar cualquier tipo de obra audiovisual que le convenga». Asimismo, «no existe la posibilidad de que los productores puedan presentar los proyectos en un registro, donde quede constancia de un modo transparente, claro y seguro». Como el documento carece de firma, «nadie se responsabiliza de la convocatoria». Y añade: «Llama la atención que la información que presenta regularmente esta empresa a RTRM y al Responsable del contrato nunca esté firmada ni sellada, ni exista nada que identifique a CBM-Secuoya».

Posibles delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad documental

Después de cinco meses desde la publicación de la convocatoria, la PDAMP y la APARM preguntan: «¿Cómo es posible que los órganos de control no se hayan enterado de NINGUNO de los incumplimientos señalados en esta denuncia y en las cuatro anteriores? ¿Qué control hacían antes de las denuncias, qué han hecho después?». Y concluyen que hay una reiterada «dejación de sus funciones que favorece claramente los intereses privados de la empresa CBM-Secuoya y perjudica el interés general». Incurriendo en posibles delitos de prevaricación, encubrimiento y falsedad documental.